Acuerdo de Escazú
En conferencia de prensa por medio de la página oficial de FES Transformación Social-Ecología, se abordó la petición de Organizaciones de la sociedad civil a las y los senadores a concluir la ratificación del Acuerdo de Escazú para legislar adecuadamente el acceso a la justicia ambiental en nuestro país y seguir avanzando en el compromiso que tiene México con los derechos de acceso en materia ambiental en la región.
El Acuerdo de Escazú busca representar un instrumento para la protección de las y los defensores del medio ambiente; contribuyendo a la garantía del derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un entorno sano y al desarrollo sostenible, así como servir de guía para el Derecho Ambiental en Latinoamérica y el Caribe, el cual establece la obligación concreta de los Estados para garantizar la protección de personas que defienden sus territorios y su derecho a un medio ambiente sano.
Como parte de la rueda de prensa se contó con la participación de: Mariana Blanco del Proyecto Transformación Social-Ecológica de la Fundación Friedrich-Ebert, Olimpia Castillo de Comunicación y Educación Ambiental, Juan Carlos Carrillo del CEMDA (Centro Mexicano Derecho Ambiental) y Amelia Arreguín de EcoMaxei.
Mariana Blanco, del Proyecto TSE Transformación Social-Ecológica en América Latina, Fundación Friedrich-Ebert, explicó que “América Latina y el Caribe es una de las regiones más biodiversas del mundo, sin embargo, las economías latinoamericanas son muy dependientes de la extracción de recursos naturales, lo que está generando una mayor degradación de sus ecosistemas. A este contexto se suma que América Latina es la región más peligrosa para los defensores ambientales, México entre uno de ellos”.
El acuerdo brinda a todos los países latinoamericanos el derecho a la participación y justicia en asuntos ambientales. Un artículo que refiere las capacidades y cooperación para el ejercicio de los derechos de acceso a un medio ambiente sano y seguro para toda la población y los defensores de los territorios y medio ambiente, dicho por Olimpia castillo de Comunicación y Educación Ambiental.
A pesar de que México fue uno de los primeros 15 países firmantes de los 33 países latinoamericanos y caribeños, aún está pendiente su ratificación. Para el 4 marzo del año 2018 el acuerdo fue firmado y ratificado por 9 países: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadina y Uruguay. Con esto, pese a las 22 firmas que ya se obtuvieron es necesario que 11 países más ratifiquen este acuerdo para que dicho acuerdo pueda hacerse efectivo.
México sigue siendo un país inseguro para las personas defensoras del medio ambiente, son víctimas de amenazas, agresiones, criminalización y asesinato, para esto las acciones del gobierno son insuficientes: Desde el 2012, se han documentado casi 500 agresiones en contra de personas que defienden el derecho a un medio ambiente sano, en palabras de Mariana Blanco, del Proyecto TSE de la Fundación Friedrich-Ebert, “Escazú es el primer tratado de temas ambientales el cual también aborda el resguardo de los defensores ambientales”.
Dicho por Amelia Arreguín de EcoMaxei, Veracruz, Oaxaca y Guerrero son los estados con más conflictos estructurales, ya que en ellos se encuentran pueblos indígenas, comunidades y colectivos que se han enfrentado a diversos escenarios que limitan su participación activa, así como las mujeres que se enfrentan a estereotipos de género limitando su participación en temas ambientales y tomas de decisiones. Por otra parte, las mujeres que están activas en decisiones ambientales se enfrentan a la violación de sus derechos y la denigración de su persona.
Los puntos esenciales mencionados como parte del acuerdo de Escazú son: Utilizar esta ratificación como una herramienta que ayude a impulsar la mejor toma de decisiones en temas ambientales, detallar el piso mínimo que cada legislación debe cuidar y resguardar, contar con tribunales ambientales especializados para resolver de fondo los problemas, proteger a las personas que defienden el derecho al medio ambiente sano, realizar consultas previas a los pueblos indígenas y ejercer el reconocimiento de su voz. Dicho por: Juan Carlos carrillo del Centro Mexicano del Derecho Ambiental.
En cuanto a las acciones que se deben implementar para reducir el impacto ambiental se mencionó que no se trata de parar las industrias, lo que se busca es crear una regulación para poder contrarrestar los recursos que se están agotando. Con el acuerdo de Escazú también se quiere convertir la crisis ambiental obligada que vivimos en algo fundamental en las decisiones de México para crear un cambio y no agotar los recursos ambientales.
La participación de los y las jóvenes en la ratificación del acuerdo es fundamental porque contantemente están haciéndose escuchar, se apropian del acuerdo y lo promueven. Las nuevas generaciones tienen un rol específico y aunque cada día son las los que se suman a este tipo de acuerdos también se les invita a pensar en las acciones que se deben realizar después de la ratificación. Como una forma de mantener vigente el acuerdo de Escazú se propone que los jóvenes busquen y conozcan que acciones pueden realizar en sus municipios, saber cuáles son los mecanismos que ya existen, así como el ejercer su derecho de la petición, el fortalecimiento de los derechos de acceso a la información, la participación y justicia ambiental en México, América Latina y el Caribe.
